SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS A 3 DE JULIOD EL 2008
CRITICA CONSTRUCTIVA
Por: Gustavo Hernández Larrauri
En definitiva, resulta un insulto para el pueblo de Chiapas, pero sobre todo para quienes sufrieron en carne propia el desastre generado por el Huracán “Stan” en Chiapas, a principios de octubre del 2005, cuando impacto en territorio Chiapaneco, el pueblo confío en su gobierno como, lo que debería haber sido, el simple binomio pueblo y gobierno que respondiera, ante la desgracia que dejo el meteoro, si bien es cierto, las instituciones federales en que descansa la salvaguarda del pueblo de México, respondió hasta el límite de sus capacidades como ha sido en innumerables casos, en la reconstrucción fue el botín sobre el botín que ya insultaba en el gobierno del ex dictador Pablo Salazar Mendiguchía, en el Estado de Chiapas, México. Al “Gobierno” de Pablo Salazar, le cayó como anillo al dedo la tragedia generada por el “Stan”, fue una de esas cosas, que insultan a la condición humana, la tragedia premiaba a un ser que insultó con su gobierno autoritario, una y otra vez al pueblo de Chiapas, y que lo premio para ejercer más de once mil millones de pesos, para “reconstruir” lo destrozado por el Huracán.
En la “reconstrucción” finco la mayoría de su ambición, ahora se sabe debido a la auditoria generada por el gobierno actual de Juan Sabines Guerrero, respaldada por el Gobierno Federal de Felipe Calderón, que las irregularidades rebasan los mil millones de pesos, en información oficial del gobierno del estado de Chiapas, manifiesta que: en Tapachula, el secretario de la Contraloría , Francisco Sau Yáñez, dio a conocer que 'con motivo de los daños provocados por el fenómeno natural 'Stan', y el respectivo proceso de reconstrucción, y ante la demanda ciudadana de esclarecer el destino y manejo de los recursos públicos ejercidos por el Gobierno del Estado, recursos que fueron asignados para atender necesidades de suma urgencia y extrema necesidad, el Gobernador Juan Sabines Guerrero, comprometido con la transparencia y rendición de cuentas, instruyó a la secretaría de la Contraloría iniciar con una auditoria a los recursos ejercidos para atender la contingencia. Por lo que el día 4 de octubre del 2007 se anunció el inicio de la misma'.
Señaló que hasta el momento han comparecido y sujetado a proceso de responsabilidad las siguientes personas: 'Del Instituto de la Vivienda : Socorro del Carmen Domínguez Aguilar, Exdirectora; Óscar Cruz Decelis, excoordinador general ejecutivo; Eduard Chanona Valle, Exdirector de Administración; Arturo López González, Exdirector Técnico; Bibiana García de la Cruz , Jefa de Departamento; Gerardo del Carpio Trejo, Exjefe de Departamento de Recursos Financieros y Contabilidad; Roger Celerino Nanguyasmu Vicente, Exdirector Jurídico; Lucila Hernández Vázquez, Analista Técnica Especializada en funciones de Tesorera'. Se han resuelto ya tres procedimientos, inhabilitando a tres exservidores públicos del entonces Instituto de la Vivienda , por ocho, cuatro y tres años de inhabilitación y sanción económica por un global de 201 millones 87 mil 877 pesos, para los siguientes ciudadanos: Arturo López González, ex Director de Reserva Territorial y Control de Obra del INVI, con posterioridad Director Técnico, por un monto irregular de 158 millones 839 mil 425 pesos, e inhabilitación por un periodo de 8 años 3 meses. Roger Celerino Nanguyasmú Vicente, ex Director Jurídico del INVI, por un monto irregular de 711 mil 678 pesos e inhabilitación de 3 años 10 meses 15 días. Lucila Hernández Vázquez, ex analista técnica especializada con funciones de Tesorera del INVI, por un monto irregular de 41 millones 536 mil 773 pesos e inhabilitación por 4 años 9 meses.
También como consecuencia de esta auditoría, se han presentado las denuncias en contra de 21 ayuntamientos, siendo estos: Tapachula, Suchiate, Tuxtla Chico, Mazatán, Huehuetán, Tuzantán, Acacoyagua, Acapetahua, Escuintla, Huixtla, Villacomaltitlán, Cacahoatán, Pijijiapan, Motozintla, Bellavista, Siltepec, Mazapa de Madero, El Porvenir, Villacorzo, Ángel Albino Corzo y Montecristo de Guerrero'. Francisco Sau Yáñez, agregó que 'a su vez se han presentado denuncias penales en contra de más de 300 empresas de particulares y 15 profesionistas en su calidad de supervisores de obra. Se han presentado 6 denuncias de carácter penal, en contra de más de 150 servidores públicos, que para no entorpecer las investigaciones correspondientes omito sus nombres, aunque todos prestaban sus servicios en las siguientes dependencias y entidades: Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil, por un monto irregular de un millón 435 mil 159 pesos, por falta de cumplimiento en las obras de puentes de hamacas.
Comisión de Caminos, por un monto irregular de 38 millones 974 mil 936 pesos, por deficiencias en la ejecución y pago de obras, así como la inexistencia de documentación comprobatoria del gasto. Comité de Construcción de Escuelas, por un monto irregular de 4 millones 808 mil 517 pesos, por deficiencias en la ejecución de obras y pagos de conceptos de obra no ejecutados. Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, por un monto irregular de 18 millones 134 mil 215 pesos, al determinarse la inexistencia de documentación comprobatoria del gasto, así como deficiencias en la ejecución y pago de obras. El Instituto de la Vivienda , por un monto irregular de 967 millones 43 mil 41 pesos, por falta de documentación comprobatoria del gasto, aplicación de recursos a un fin distinto de su objeto, deficiencias en la ejecución de obras y deducciones no enteradas'…
Estas acciones, demuestran la voluntad de los Gobiernos, tanto del ámbito federal como estatal, en esclarecer el engaño y la negligencia ante la reconstrucción de la tragedia, una burla de la dictadura de Pablo Salazar, ante la fortaleza de pueblo de Chiapas, fortaleza que me motivó a unos días de ese suceso, escribir estas líneas, que son un fragmento de una obra que titulé “Una Piedra en el Coatán”:
CRITICA CONSTRUCTIVA
Por: Gustavo Hernández Larrauri
En definitiva, resulta un insulto para el pueblo de Chiapas, pero sobre todo para quienes sufrieron en carne propia el desastre generado por el Huracán “Stan” en Chiapas, a principios de octubre del 2005, cuando impacto en territorio Chiapaneco, el pueblo confío en su gobierno como, lo que debería haber sido, el simple binomio pueblo y gobierno que respondiera, ante la desgracia que dejo el meteoro, si bien es cierto, las instituciones federales en que descansa la salvaguarda del pueblo de México, respondió hasta el límite de sus capacidades como ha sido en innumerables casos, en la reconstrucción fue el botín sobre el botín que ya insultaba en el gobierno del ex dictador Pablo Salazar Mendiguchía, en el Estado de Chiapas, México. Al “Gobierno” de Pablo Salazar, le cayó como anillo al dedo la tragedia generada por el “Stan”, fue una de esas cosas, que insultan a la condición humana, la tragedia premiaba a un ser que insultó con su gobierno autoritario, una y otra vez al pueblo de Chiapas, y que lo premio para ejercer más de once mil millones de pesos, para “reconstruir” lo destrozado por el Huracán.
En la “reconstrucción” finco la mayoría de su ambición, ahora se sabe debido a la auditoria generada por el gobierno actual de Juan Sabines Guerrero, respaldada por el Gobierno Federal de Felipe Calderón, que las irregularidades rebasan los mil millones de pesos, en información oficial del gobierno del estado de Chiapas, manifiesta que: en Tapachula, el secretario de la Contraloría , Francisco Sau Yáñez, dio a conocer que 'con motivo de los daños provocados por el fenómeno natural 'Stan', y el respectivo proceso de reconstrucción, y ante la demanda ciudadana de esclarecer el destino y manejo de los recursos públicos ejercidos por el Gobierno del Estado, recursos que fueron asignados para atender necesidades de suma urgencia y extrema necesidad, el Gobernador Juan Sabines Guerrero, comprometido con la transparencia y rendición de cuentas, instruyó a la secretaría de la Contraloría iniciar con una auditoria a los recursos ejercidos para atender la contingencia. Por lo que el día 4 de octubre del 2007 se anunció el inicio de la misma'.
Señaló que hasta el momento han comparecido y sujetado a proceso de responsabilidad las siguientes personas: 'Del Instituto de la Vivienda : Socorro del Carmen Domínguez Aguilar, Exdirectora; Óscar Cruz Decelis, excoordinador general ejecutivo; Eduard Chanona Valle, Exdirector de Administración; Arturo López González, Exdirector Técnico; Bibiana García de la Cruz , Jefa de Departamento; Gerardo del Carpio Trejo, Exjefe de Departamento de Recursos Financieros y Contabilidad; Roger Celerino Nanguyasmu Vicente, Exdirector Jurídico; Lucila Hernández Vázquez, Analista Técnica Especializada en funciones de Tesorera'. Se han resuelto ya tres procedimientos, inhabilitando a tres exservidores públicos del entonces Instituto de la Vivienda , por ocho, cuatro y tres años de inhabilitación y sanción económica por un global de 201 millones 87 mil 877 pesos, para los siguientes ciudadanos: Arturo López González, ex Director de Reserva Territorial y Control de Obra del INVI, con posterioridad Director Técnico, por un monto irregular de 158 millones 839 mil 425 pesos, e inhabilitación por un periodo de 8 años 3 meses. Roger Celerino Nanguyasmú Vicente, ex Director Jurídico del INVI, por un monto irregular de 711 mil 678 pesos e inhabilitación de 3 años 10 meses 15 días. Lucila Hernández Vázquez, ex analista técnica especializada con funciones de Tesorera del INVI, por un monto irregular de 41 millones 536 mil 773 pesos e inhabilitación por 4 años 9 meses.
También como consecuencia de esta auditoría, se han presentado las denuncias en contra de 21 ayuntamientos, siendo estos: Tapachula, Suchiate, Tuxtla Chico, Mazatán, Huehuetán, Tuzantán, Acacoyagua, Acapetahua, Escuintla, Huixtla, Villacomaltitlán, Cacahoatán, Pijijiapan, Motozintla, Bellavista, Siltepec, Mazapa de Madero, El Porvenir, Villacorzo, Ángel Albino Corzo y Montecristo de Guerrero'. Francisco Sau Yáñez, agregó que 'a su vez se han presentado denuncias penales en contra de más de 300 empresas de particulares y 15 profesionistas en su calidad de supervisores de obra. Se han presentado 6 denuncias de carácter penal, en contra de más de 150 servidores públicos, que para no entorpecer las investigaciones correspondientes omito sus nombres, aunque todos prestaban sus servicios en las siguientes dependencias y entidades: Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil, por un monto irregular de un millón 435 mil 159 pesos, por falta de cumplimiento en las obras de puentes de hamacas.
Comisión de Caminos, por un monto irregular de 38 millones 974 mil 936 pesos, por deficiencias en la ejecución y pago de obras, así como la inexistencia de documentación comprobatoria del gasto. Comité de Construcción de Escuelas, por un monto irregular de 4 millones 808 mil 517 pesos, por deficiencias en la ejecución de obras y pagos de conceptos de obra no ejecutados. Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, por un monto irregular de 18 millones 134 mil 215 pesos, al determinarse la inexistencia de documentación comprobatoria del gasto, así como deficiencias en la ejecución y pago de obras. El Instituto de la Vivienda , por un monto irregular de 967 millones 43 mil 41 pesos, por falta de documentación comprobatoria del gasto, aplicación de recursos a un fin distinto de su objeto, deficiencias en la ejecución de obras y deducciones no enteradas'…
Estas acciones, demuestran la voluntad de los Gobiernos, tanto del ámbito federal como estatal, en esclarecer el engaño y la negligencia ante la reconstrucción de la tragedia, una burla de la dictadura de Pablo Salazar, ante la fortaleza de pueblo de Chiapas, fortaleza que me motivó a unos días de ese suceso, escribir estas líneas, que son un fragmento de una obra que titulé “Una Piedra en el Coatán”:


